Los autores del libro, a través de una revisión pormenorizada de los instrumentos internacionales suscritos en la lucha contra la corrupción y el marco jurídico-teórico internacional, abordan dos mecanismos heterodoxos frente al modelo garantista como es el comiso autónomo o también denominado "sin condena" y la variante latinoamericana que lleva por título "extinción de dominio". La cada vez más agravada problemática de la corrupción en el planeta ha sugerido, como lo explicó en su momento el Secretario General de las Naciones Unidas, Kofi Annan, una respuesta global efectiva de la sociedad civil ante sus enemigos. Es por ello que la presente obra escruta los aspectos más minuciosos del comiso autónomo y la extinción de dominio a nivel global, bajo el método comparatista.
El libro se organiza en cinco capítulos. El primero está dedicado íntegramente al estudio del marco jurídico-internacional de la lucha contra la delincuencia organizada, más propiamente, en su manifestación sobre la corrupción. Además, aborda el impacto de dicho corpus global sobre las instituciones del Derecho penal tradicional y el Derecho Administrativo en el marco de una sociedad postindustrial expansiva. El capítulo segundo analiza los fundamentos teóricos de los denominados delitos económicos, cuya base se encausa en dos ejes: la globalización y la teoría del Derecho penal a dos velocidades. El capítulo tercero precisa los pormenores de la transformación del comiso tradicional en el autónomo como forma alternativa para sancionar delitos económicos. El capítulo cuarto se dedica al estudio comparado de la extinción de dominio, como variante latinoamericana del comiso autónomo, cuya peculiaridad en el caso colombiano, es su consagración en la Constitución de Colombia de 1991 asumiendo así un abordaje desde el Derecho constitucional. El capítulo quinto precisa la recepción del comiso autónomo y la extinción de dominio en Venezuela, de cara a las futuras reformas legislativas que contemplen dichas instituciones y lo relativo al proyecto de ley de recuperación de activos producto de la corrupción, discutida en 2017 por la Asamblea Nacional. Además, estudia las posibles hipótesis de aplicación directa de los tratados internacionales contra la corrupción en sus artículos relativos al comiso autónomo o extinción de dominio, como en efecto, contempla la Convención de Mérida de 2003 contra la Corrupción (Art. 54)..
